sábado, junio 11, 2005

Sobre la universidad peruana

A propósito de las acreditaciones de grados académicos obtenidos fuera del Perú y de las acreditaciones de las escuelas de posgrado en el Perú, trataré de resumir y ordenar lo que se ha discutido en la lista Macroperú y en la de la Red Mundial de Científicos Peruanos (RMCP) al respecto:

La solución al problema de las trabas para acreditar los posgrados obtenidos en el extranjero en parte se soluciona disminuyendo la burocracia. Esta verificación debería hacerlo la institución que contrata, y no la Asamblea Nacional de Rectores. Además, para enseñar en Estudios Generales debería exigirse como mínimo el grado de maestro; y para enseñar en facultad y posgrado, el de doctor. Claro, anulando los doctorados y maestrías por tiempo de servicios (incluso los ya otorgados).

Pero las cosas no vienen solas: las escuelas de posgrado deben acreditarse y cada especialidad también, de modo que cumplan con estándares rigurosos que les den nivel internacional. Para eso, debe haber una organización que acredite, cuya composición, funcionamiento y financiamiento deben estudiarse para que no sea una entidad burocrática más. Es decir, en esta entidad debe haber miembros de las distintas universidades, pero también de los gremios empresariales, de la comunidad de científicos peruanos en el exterior, del concytec y del min. de educación. Excepto por los miembros de los gremios empresariales, todos deben tener doctorados.

Además, para atraer doctores del exterior (sean peruanos o no), no sólo se les debe pagar bien, sino que también se les debe proporcionar facilidades para realizar su trabajo (cosas tan básicas como comprar y mantener libros o equipos de laboratorio) lo que supone inversión en y de las universidades. Regresamos al problema 0: ¿cómo financiar la universidad?

De otro modo ¿cómo hacer que cada universidad genere su propio dinero? Hasta ahora se ha intentado con partidas del presupuesto nacional, con cobros de matrícula a los alumnos y mediante la creación de empresas de servicios. Ninguna de las tres medidas ha funcionado como se esperaba. Falta intentar tres posibilidades: primero, que la universidad se transforme en una empresa dedicada no a cobrar pensiones a los alumnos ni a crear empresas de servicios, sino a producir patentes; segundo, que los investigadores de las
universidades compitan por fondos de investigación para proyectos de largo aliento (no las bequitas de US$3,000 que hay ahora) financiados principal pero no únicamente por el Estado; tercero, que las donaciones a las universidades sean atractivas para los donantes, es decir, que sean libres de impuestos y que permitan deducir la donación de los impuestos anuales de personas naturales o jurídicas.

Y no sé cuántas cosas más he olvidado.